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La Justicia de San Lorenzo ratificó una resolución para que Celulosa Argentina SA de Capitán Bermúdez se someta a un monitoreo de sus efluentes de agua y aire. Con esta decisión, que fue apelada sin éxito por la firma de capitales uruguayos, la papelera quedó bajo la lupa y se abre un nuevo escenario en la provincia en materia de protección del medio ambiente. Por primera vez en Santa Fe, una demanda carga contra una empresa por daños colectivos y no contra el Estado por omisión de controles.

La orden del Juzgado de Primera Instancia de Distrito 12 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de San Lorenzo, a cargo de Glays López, fue emitida este lunes. Y el martes al mediodía fue notificada la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Ahora. Esa dependencia tendrá 30 días para llevar a cabo el monitoreo. Antes, deberá notificar la fecha del acto para que estén presentes la jueza y las personas autorizadas por la causa, entre ellas los abogados que representan a los vecinos que realizaron la demanda y técnicos habilitados.

“Esta vez va en serio”, aseguraron a NE fuentes de la causa. En rigor, Celulosa Argentina apeló la decisión y la jueza no dio a lugar (“si la firma no tiene nada que ocultar, no tiene motivos para negarse a los estudios”, fundamentó López) pero la empresa ahora podría recurrir a una instancia superior: la Cámara de Apelaciones de Rosario o bien la propia Corte Suprema. Mientras tanto, la provincia está obligada a realizar los estudios de impacto.

El resultado de las mediciones de los desechos líquidos y gaseosos, si bien depende de la “efectividad” del control en el día que se realice (es decir que el estudio sea serio y que la empresa no modifique sus métodos de descarga comunes), podría abrir la puerta a un escenario impensado hasta hace unos días. Como el recurso actual es por daños colectivos al medio ambiente, en caso de verificarse la responsabilidad de la firma, ésta tendría que solucionar de manera urgente su situación. Celulosa es una de las pocas productoras de pasta para papel que todavía utiliza la vieja tecnología en base a cloro elemental, más contaminante que la EFC (en base a dioxina de cloro), el sistema que proponen las pasteras que se quieren instalar frente a Gualeguaychú, en Uruguay.

Pero eso no sería todo: si la Justicia establece que Celulosa contamina y contaminó todos estos años (se instaló en Capitán Bermúdez en 1929), todo aquel que se sienta afectado podría iniciar su propia demanda. “Es un proceso similar al que ocurrió con el corralito cuando la Justicia de San Luis dio la razón a un acreedor, después surgieron miles de demandas particulares”, explica la fuente.

La denuncia

En julio de 2005, un desperfecto en Celulosa provocó una emanación de una sustancia con un olor muy fuerte (mercaptano, según la firma). Ese hecho afectó a las personas en las inmediaciones del lugar y terminó con la evacuación de dos escuelas (el Colegio Nuestra Señora de los Milagros y la escuela pública 6.381). Algunos alumnos se descompusieron y recibieron atención médica.

Ese episodio fomentó la organización de un grupo de vecinos, algo que hasta entonces no había ocurrido en Capitán Bermúdez. “Somos pocos los que nos preocupamos por el medio ambiente. La mayoría tiene miedo, porque la planta está muy arraigada en el lugar. El que no trabaja, tiene un pariente en la fábrica, entonces como ellos amenazan con cerrar, nos tiran a los vecinos en contra”, explica Claudio Armento, del Taller Ecologista en esa localidad.

Pero desde la intoxicación masiva de julio de 2005, unos 20 vecinos buscaron la forma de garantizar que los efluentes de la empresa no los afecte. No tuvieron éxito hasta que en junio de este año un recurso de amparo en la Justicia de San Lorenzo dio lugar al fallo que se conoció esta semana. El recurso se sustenta en la Ley General del Ambiente Nº 25.675, y se basa en los artículos 41 y 43 incorporados en la Constitución nacional en 1994.

“Yo no les voy a perdonar lo que me hicieron y voy a presentar la demanda por daños y perjuicios”, asegura Ana Alegre, una de las demandantes. La mujer de 75 años vive hace 45 a pocos de metros de la planta, y según asegura los efectos de la contaminación se pueden ver sobre las plantas –cubiertas bajo una capa blanca– o las chapas y tinglados corroídos.

La gran cantidad de denuncias contra el accionar de la empresa engrosan el expediente judicial (713/06) que camina a convertirse en una mega causa ambiental en la provincia. Entre esas fojas, se encuentra el estudio de impacto que realizó Greenpeace sobre los efluentes líquidos que arroja Celulosa al Paraná en 1998 y que detectó “contaminantes que son persistentes y se bioacumulan en los organismos vivos”. Desechos que se seguirían arrojando al río (ver foto satelital que forma parte de la causa).

“Acá los alergistas ya no saben qué hacer. Yo tengo una terrible picazón en los ojos, yagas en la boca, úlcera y el esófago en muy mal estado. En estos días entregamos a la jueza unas 400 fichas de personas con sus datos y su ficha médica. Además estamos haciendo un relevamiento en el barrio Celulosa porque hay más de 50 casos de cáncer y mucha gente con afecciones respiratorios”, dice Ana Alegre. Todas esas instancias pueden aportar más pruebas a la causa por daño colectivo. Después, podrían llegar las demandas individuales, que la mujer está dispuesta realizar. “Según mis abogados, sería por una buena cantidad de plata”, reconoce.

Celulosa Argentina apelaría este fallo, algo que este medio no pudo verificar a pesar de intentar comunicarse con los representantes de la empresa. Por su parte, desde la secretaria de Medio Ambiente, aclararon que su titular, Marcelo Terenzio, “esta semana está de viaje por lo que no podrá hablar al respecto”. Terenzio le dijo en febrero de este año a NE que Celulosa utilizaba la metodología de blanqueo en base a cloro elemental y que la provincia buscaría que cambie de proceso antes de 2007, pero esta semana corrigió su plazo para que Celulosa pase a utilizar EFC hasta “fines de 2007”. En aquella entrevista, Terenzio prefirió no “ser categórico” en cuanto a si Celulosa contamina o no. Después del estudio que deberá realizar la secretaria de Medio Ambiente por orden judicial, ese panorama impreciso podría empezar a clarificarse.

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